En alguna entrega anterior traté el tema del concepto “blindaje” como sinónimo de un velo de protección para la economía, las finanzas, los comicios y otros; pero a esos habrá que añadir el blindaje a contrario sensu, como el velo que se usa para tapar la corrupción que invade al Poder Judicial, al Ministerio Público e incluso al Registro Público de la Propiedad.
Como vivo ejemplo de ello, comentaré que en un juicio de quiebra de una empresa inmobiliaria que se tramita en Veracruz, el Síndico de la quiebra promovió un incidente por el que obtuvo que un inmueble (se trata de un edificio de lujo de más de 20 departamentos ubicado en la Costera) fuera incorporado a la masa de la quiebra de la empresa concursada, procediendo desde luego a inscribir el gravamen en el Registro Público de la Propiedad del Puerto.
Misteriosamente y sin que el Síndico lo solicitara, el Juez de la causa ($$), giró un oficio al Encargado de la citada oficina registral, para que se cancelara el gravamen. Éste “diligente funcionario”, sin tomar las providencias legales del caso, procedió de inmediato ($$) a dicha cancelación y a expedir también de inmediato ( más $$ ), un certificado de libertad de gravámenes a los “pseudo propietarios”, quienes rápidamente gestionaron y obtuvieron en tiempo record ¿$?, el cambio de régimen de propiedad del inmueble, para vender y escriturar todos los departamentos en condominio en más de 30 millones de pesos.
El representante legal de la quebrada, al percatarse de las ventas de los departamentos del edificio gravado, revisó el expediente judicial y constató que dentro del mismo no existía petición de la Sindicatura para la liberación ni tampoco copia del “oficio de cancelación” por lo cual era presumible que tal oficio era falso, por lo cual, desde principios de este año, procedió a realizar las siguientes gestiones: a) denuncia penal ante el ministerio público de Veracruz por los delitos que resultaren; b) denuncia de hechos ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad por la pronta e inexplicable cancelación de gravámenes, por parte del Encargado de la oficina registral del Puerto; y c) Queja ante el Consejo de la Judicatura tanto por la falsificación del oficio de cancelación del gravamen, como por la negativa del Juez para informar oportunamente al Ministerio Público sobre la autenticidad o no, del oficio en cuestión.
Evidentemente es el caso de que “aquí no pasó nada” ya que a la fecha de este artículo no ha habido resolución alguna por parte de la Dirección del R.P.P sobre la actuación del Encargado; la Investigación Ministerial se encuentra detenida y pendiente de integrar y determinar lo que legalmente proceda; y, por su parte, el Consejo de la Judicatura, en la sesión del martes 18, declaró improcedente la queja, a pesar de que el Juez denunciado ni siquiera compareció a la audiencia que le fijaron para explicar lo que a su derecho conviniera.
No cabe duda, la corrupción también está blindada.
COMENTARIO AL MARGEN: Que bueno que a Hitler le faltaba un testículo. Imagínense que sería del mundo si hubiera tenido los dos.
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