Antes de entrar de lleno al fondo del tema, es menester recordar que las Contralorías son los órganos de cualquier sociedad mercantil, que se encargan de vigilar que los recursos materiales, económicos y humanos se usen, eroguen y desempeñen con estricto apego a las normas; y, en tratándose de las Contralorías de los gobiernos, bien sean federales, estatales o municipales, que además de lo anterior, sean eficaces y eficientes, ya que los recursos que se manejan son y pertenecen esencialmente al pueblo que gobiernan.
Ahora bien, las Contralorías Ciudadanas conceptualizan el ejercicio de un accionar de vigilancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el gasto presupuestal del Gobierno por los y las contraloras ciudadanas, quienes son (valga la redundancia), ciudadanos (as) que buscan ejercer su derecho ciudadano a participar honorífica y activamente en la vigilancia de la transparencia y rendición de cuentas en las finanzas de la
Administración Pública, con el fin de combatir la corrupción, participar en la orientación del ejercicio presupuestal y promover el gasto social. Al ejercer sus derechos como contralores y contraloras ciudadanas fortalecen y promueven la defensa de los derechos de la sociedad en general.
El cargo de contralor ciudadano es honorífico y por lo tanto no recibe retribuciones ni del gobierno ni de ningún otro sector y lo único que lo mueve es su voluntad y empeño de combatir la corrupción, construyendo una nueva relación entre el gobierno y la ciudadanía.
El contralor ciudadano participa por lo tanto, con una alta dosis de
ética y profesionalismo, verificando que, además de lo legal, las acciones de los funcionarios cumplan con el principio de honestidad y sean totalmente transparentes a juicio del o la ciudadana.
La funcionalidad e importancia de una contraloría ciudadana es contribuir a que se ejerza el derecho ciudadano de participar en la definición,
instrumentación, vigilancia, evaluación, control y exigibilidad en el manejo de las
finanzas públicas para beneficio de las mayorías de la población.
De poco servirán los contralores(as) ciudadanos(as) si trabajan aislados, por ello, una tarea es vincular los programas de Contraloría Ciudadana al resto de los
programas de participación ciudadana del Gobierno, y en una perspectiva más amplia, invitar de forma directa a las instituciones de elevada credibilidad social a participar como sus asesoras y en especial a
los medios de comunicación, que tienen que cumplir un papel central en cualquier intento de transparencia.
En este sentido, es prioritario llevar a cabo una
estrategia de formación, la cual es de fundamental importancia para incrementar el perfil participativo del y la contralora ciudadana; es decir, considerando que un gran porcentaje de los y las participantes son personas que desconocen la normatividad aplicable a la Administración Pública local, es necesario brindarles las
herramientas adecuadas que permitan llevar a acabo de manera eficaz y eficiente el ejercicio de sus derechos. Es más, quizás fuese conveniente que las y los contralores participan con derecho a voto, lo que los haría corresponsables de las decisiones tomadas y ejecutadas desde el Comité o Subcomité en donde participen, por lo que es muy importante que cuenten con las herramientas normativas adecuadas.
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