CONSTRUCTORES CORRUPTOS
Por Carlos Rodríguez Fonseca
De unos meses para acá hemos venido oyendo una serie de amenazas en contra de los constructores de obra pública aquí en Veracruz y que, según el discurso oficial, incurrieron en serias irregularidades cobrando anticipos y no ejecutando o ejecutando mal las obras contratadas, razón por la cual se les cancelará el registro y serán boletinados.
Independientemente de que parezca que los amenazadores están escupiendo para arriba, vale reflexionar acerca de esas supuestas irregularidades que de ser ciertas, merecerían no sólo ese tipo de sanciones administrativas sino también ser denunciados penalmente por el delito equiparable al peculado, según lo establece el Código Penal vigente.
Sin embargo, habría que ver hasta que punto solamente “pecó el que mató la vaca y no así el que le agarró la pata”.
Según la ley de Obras Públicas, las obras pueden asignarse de tres maneras: a) mediante licitación pública abierta nacional o internacional; b) por invitación a más de tres constructores; y c) por adjudicación directa, fijando en cada una las condicionantes para cualquiera de esas formas de contratación.
Es el caso que si se practicara una auditoría al respecto, se descubriría que en más de un 80% las obras que se contrataron en la pasada administración, fueron bajo las formas b) y c); que en su gran mayoría se autorizaron anticipos superiores de los que marca la Ley, pero de los cuales y por anticipado, tuvieron que dar el consabido “diezmo” que en esos años fue entre un 20 y un 25%, lo cual dejó a los constructores con poco dinero para iniciar los trabajos, por lo cual, obviamente tuvieron que cohechar a los supervisores de obra para que dieran el Vo.Bo. a las estimaciones que presentaban y finalmente dar una “mochada” en Finanzas para obtener el pago.
Sé de buena fuente, de un caso en el que en una obra del FONDEN, autorizaron un anticipo del 50% (más o menos unos 8 millones de pesos), del costo total de la obra y hasta la fecha el contratista ni siquiera ha iniciado los trabajos; pero he aquí que los funcionarios de la dependencia, en vez de denunciar penalmente al constructor, van a iniciar el procedimiento administrativo de rescisión para ver si logran cobrar la fianza.
Así pues, concluyo afirmando que si realmente quieren limpiar esa cloaca, además de denunciar a los constructores, se deberá actuar en contra de los funcionarios que intervinieron en esas “irregularidades”, varios de los cuales continúan incrustados en la administración actual.
