CONSTRUCTORES CORRUPTOS

Por Carlos Rodríguez Fonseca

De unos meses para acá hemos venido oyendo una serie de amenazas en contra de los constructores de obra pública aquí en Veracruz y que, según el discurso oficial, incurrieron en serias irregularidades cobrando anticipos y no ejecutando o ejecutando mal las obras contratadas, razón por la cual se les cancelará el registro y serán boletinados.

Independientemente de que parezca que los amenazadores están escupiendo para arriba, vale reflexionar acerca de esas supuestas irregularidades que de ser ciertas, merecerían no sólo ese tipo de sanciones administrativas sino también ser denunciados penalmente por el delito equiparable al peculado, según lo establece el Código Penal vigente.

Sin embargo, habría que ver hasta que punto solamente “pecó el que mató la vaca y no así el que le agarró la pata”.

Según la ley de Obras Públicas, las obras pueden asignarse de tres maneras: a) mediante licitación pública abierta nacional o internacional; b) por invitación a más de tres constructores; y c) por adjudicación directa, fijando en cada una  las condicionantes para cualquiera de esas formas de contratación.

 Es el caso  que si se practicara una auditoría al respecto, se descubriría que en más de un 80% las obras que se contrataron en la pasada administración, fueron bajo las formas b) y c); que en su gran mayoría se autorizaron anticipos superiores de los que marca la Ley, pero de los cuales y por anticipado, tuvieron que dar el consabido “diezmo” que en esos años fue entre un 20 y un 25%, lo cual dejó a los constructores con poco dinero para iniciar los trabajos, por lo cual, obviamente tuvieron que cohechar a los supervisores de obra para que dieran el Vo.Bo. a las estimaciones que presentaban y finalmente dar una “mochada” en Finanzas para obtener el pago.

Sé de buena fuente, de un caso en el que en una obra del FONDEN, autorizaron un anticipo del 50% (más o menos unos 8 millones de pesos), del costo total de la obra y hasta la fecha el contratista ni siquiera  ha iniciado los trabajos; pero he aquí que los funcionarios de la dependencia,  en vez de denunciar penalmente al constructor, van a iniciar el procedimiento administrativo de rescisión para ver si logran cobrar la fianza.

Así pues, concluyo afirmando que si realmente quieren limpiar esa cloaca, además de denunciar a los constructores, se deberá actuar en contra de los funcionarios que intervinieron en esas “irregularidades”, varios de los cuales continúan incrustados en la administración actual.

 cr@carlosrodriguezfonseca.com

MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES

Por Carlos Rodríguez Fonseca

En este trabajo no voy a referirme a la obra teatral de William Shakespeare de nombre “Much ado about nothing”, traducida al español como “Mucho Ruido y Pocas Nueces”, ya que ésta se trata de una comedia de malentendidos amorosos y mi artículo se refiere al mucho ruido que hicieron los diputados en el Congreso del Estado, acerca de las reformas que aprobaron a la Ley Estatal del Servicio Civil, supuestamente para que los laudos que dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje puedan ejecutarse y aquellos trabajadores que sean cesados cada 3 años si son municipales o cada 6 si son del gobierno estatal, puedan lograr, si ganan el juicio, que sino voluntariamente, se les paguen las prestaciones reclamadas, mediante el embargo de bienes en la vía de ejecución del laudo.

En lo personal me dio gran satisfacción cuando me enteré de que se iba a reformar esa ley, dado que desde hace varios años he venido pugnando para que el llamado TECA se convierta en un verdadero Tribunal con imperio suficiente para obligar, mediante la coercibilidad  a esas autoridades para que cumplan con sus determinaciones cuando estas las condenen a pagar a los trabajadores las prestaciones reclamadas. 

Pero ¡Oh decepción!, al leer el Decreto publicado en la Gaceta Legislativa del 8 de abril pasado, me percaté que al mismo tiempo que se adicionó el artículo 224 de la Ley Estatal del Servicio Civil para que el TECA  pueda emplear el procedimiento de embargo previsto en la Ley Federal del Trabajo para la ejecución de sus laudos, también se modificaron el artículo 7 de la Ley de Bienes del Estado y el 442 del Código Hacendario Municipal, diciendo en ambos que “en ningún caso se podrán embargar los bienes muebles e inmuebles afectos a un servicio público” , así como tampoco las cuentas bancarias cuyos recursos se destinen a obligaciones asumidas en ejercicio del presupuesto estatal, ( o sea: Nada), según la primera de dichas leyes y, en el caso de los municipios, tampoco son embargables las cuentas bancarias y sólo podrán embargarse los bienes del dominio privado, o sea, que solamente podrán ser ejecutables terrenos del fundo legal que no se hayan enajenado a particulares o los materiales y suministros adquiridos por el municipio no afectos a la prestación de servicios públicos.

En cuanto a los inmuebles del fundo legal, por experiencia propia se que ni en el Congreso tienen datos actualizados los fundos legales municipales y en cuanto a los materiales y suministros adquiridos, al pretender gravarlos, las autoridades del ayuntamiento se excepcionarán diciendo que no se trata de “compras suntuarias” sino que se adquirieron para la prestación de servicios públicos.

En conclusión, los trabajadores que demanden a las autoridades municipales o estatales ante el TECA, seguirán en la misma situación de incertidumbre jurídica para cobrar coercitivamente cuando ganen sus juicios.  QUE POCAS….NUECES.

cr@carlosrodriguezfonseca.com

XALAPA VERTIGINOSA

Por Carlos Rodriguez Fonseca

La otrora tranquila ciudad de Xalapa se ha vuelto vertiginosa gracias a la sobre saturación vehicular y a la gran velocidad con que estos circulan.

Cuando se construyó el paso a desnivel de “La Araucaria”, obra que por cierto costó cuatro veces más de lo originalmente planeado, hubo diversas críticas no sólo en cuanto a su diseño, sino principalmente por el gran riesgo que representaría el carril de descenso por la enorme velocidad a la que circularían, por simple inercia, todos los vehículos que la transitaran, sobre todo una vez que se construyera y abriera al tránsito el puente Bicentenario.

A causa del rompimiento del puente “fidelidad” de Murillo Vidal y a los varios años que duraron las obras del Bicentenario, no hubo muchos accidentes que lamentar; sin embargo, desde que éste se abrió a la circulación, ya son varios los accidentes ocurridos debido a la velocidad que se alcanza en esa larga bajada.

Hace unos meses fue al coincidir en la salida de 20 de noviembre,  un camión urbano y un trailer, mismo que tras el impacto brincó el camellón y fue a estrellarse contra un automóvil que circulaba por el carril contrario, sin que afortunadamente hubieran víctimas sino solo daños materiales.

La semana pasada, justamente pasando el puente de Murillo Vidal frente a la estancia Garnica (cuya venta de anturios seguramente nivelará las finanzas del IPE), hubo un choque por alcance donde se vieron afectados cerca de diez vehículos, uno de los cuales por la velocidad que llevaba, se metió abajo del que iba adelante y sus ocupantes se debatían entre la vida y la muerte, amén de otros que resultaron lesionados.

Esporádicamente, las autoridades de tránsito, no se si estatal o municipal, implementan un operativo a base de colocar conos amarillos en los carriles de bajada, logrando si, que todos los conductores aminoren su marcha, pero provocando unas filas larguísimas tanto en la calzada Lázaro Cárdenas, como en 20 de noviembre y en Araucarias; sin embargo, cuando quitan ese paliativo, todo mundo vuelve a su acelerada costumbre.

Es menester que se busquen otras alternativas, por lo que me permito hacer un llamado a las autoridades que corresponda, para que se instalen no topes, sino vibradores reductores de velocidad en diversos puntos del carril del Bicentenario hacia la Plaza Américas y en el sentido de Las Trancas hacia el centro de la ciudad, mas o menos a la altura de la Universidad Xalapa y a la salida del fraccionamiento Las Ánimas.  OJALÁ ESCUCHEN.

cr@carlosrodriguezfonseca.com

Exámenes

Por Carlos Rodríguez Fonseca

El sábado pasado leí dos notas periodísticas aparentemente disímbolas entre sí, pero teniendo en común que ambas se relacionan con la Seguridad Pública y hacen pensar en el concepto de exámenes y en los porqués y paraqués la aplicación de los mismos.

La primera de las notas se refiere a un choque automovilístico ocasionado por un taxi, lo cual no debe extrañarnos ya que habiendo mas de siete mil en la zona conurbada de Xalapa, no hay día en que no se vea involucrado alguno en ese tipo de accidentes.

Lo que llamó mi atención fue que el chofer del taxi había sufrido un ataque epiléptico y debido a ello, perdió el control del vehículo que se impactó contra otros, pero afortunadamente no hubo lesionados sino solamente daños materiales.

Ese caso me hizo recordar el accidente que ocurrió hace pocos años en el puente de Alvarado del que cayo un autobús de pasajeros y hubo varios muertos debido a que el chofer había sufrido un infarto.

Cabe sugerir a las autoridades de tránsito que hagan obligatorio que a los chóferes del servicio público, les practiquen estrictos exámenes médicos por lo menos cada seis meses.

El segundo tipo de exámenes son los que pomposamente dice el Secretario Buganza que se están practicando a los elementos de tránsito y de seguridad pública, para medir su grado de incorruptibilidad, y confianza para el desempeño del puesto.

Aquí sugiero que ese tipo de exámenes se les haga de Secretario de Despacho para abajo, para que no nos pase lo que ocurrió en el Sexenio anterior.

Finalmente sugiero un examen de conciencia para aquellos que criticaron la visita a Veracruz del Secretario de Trabajo, calificándola como actos de precampaña y por el uso indebido de recursos públicos. GULP!

cr@carlosrodriguezfonseca.com