A escasos dos días de haberse hecho público el Decreto del Presidente de la República que determinó la extinción del organismo público descentralizado “Luz y Fuerza del Centro”, han corrido verdaderos ríos de tinta, unos apoyando la medida basados en la ineficiencia de la empresa y otros combatiéndola férreamente porque dicen que atenta contra la clase trabajadora. Sin embargo, a efecto de cada uno de mis lectores adopte cualquiera de esas dos posturas, vale la pena hacer un poco de historia acerca de la industria eléctrica en nuestro país.
Fue en 1898, cuando la empresa "The Mexican Light & Power Company, Ltd.", fundada en Canadá, obtuvo concesiones del presidente Porfirio Díaz para generar, transmitir (de las plantas generadoras a las subestaciones), distribuir (de las subestaciones a los consumidores finales) y comercializar energía eléctrica en el Valle de México, por un período de 50 años; lo anterior en detrimento de la compañía "Mexicana de Gas y Luz Eléctrica" que en 1881 había establecido el alumbrado público residencial en la capital de la República, primer sistema de su tipo en el país.
En 1936 el Sindicato Mexicano de Electricistas, fundado en 1914, estalla su segunda gran huelga contra la concesionaria, y, a consecuencia de dicha huelga, empresa y sindicato firmaron uno de los contratos colectivos más avanzados de la época; sin embargo, bajo la preocupación gubernamental de controlar el suministro, transformación y comercialización de la energía eléctrica, el presidente Lázaro Cárdenas emitió una histórica Ley en 1937 sobre la potestad del estado sobre la industria eléctrica en el país. Debido seguramente al entallamiento de la Segunda Guerra Mundial, no se inició el proceso de nacionalización y si en cambio, el límite de 50 años de aquellas concesiones otorgadas por Porfirio Díaz, se amplió con el gobierno de Ávila Camacho.
El presidente
Miguel Alemán fue quien decretó en 1949 la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios y que se encargaría de llevar luz a todos los rincones del país. Se pretendía que la Comisión Federal de Electricidad, como organismo descentralizado, controlara y dirigiera paulatinamente el potencial hidráulico del país para la prestación del servicio público
En 1960 el Gobierno adquirió las empresas The Mexican Light and Power Co., y la American and Foreign Power Co. creando la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz que contaba con 19 plantas generadoras que servían al Distrito Federal y a los estados de Puebla, México, Michoacán, Morelos e Hidalgo. En 1963 se modificó la denominación social a Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A. que tan sólo 11 años después iniciaría su liquidación, en 1974.
Diez años después, con el fin de crear un solo organismo nacional encargado de la industria eléctrica del país, el presidente
Luis Echeverría Álvarez autorizó en 1974 la disolución de la "Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A." y las otras empresas hermanas, para su posible fusión con la Comisión Federal de Electricidad. Con lo cual comienza una primera liquidación. Sin embargo, el Sindicato Mexicano de Electricistas se opuso radicalmente a tal medida. En un confrontamiento constante, la liquidación de las empresas de la Compañía de Luz se alargó y comenzó un período de franco estancamiento tanto de las paraestatales como del servicio que brindaban.
El presidente
Carlos Salinas de Gortari, plantea en 1989 una reforma a la Ley del Servicio Público de Energía, con la cual se prevé que el Ejecutivo Federal disponga la constitución, estructura y funcionamiento del servicio que venía proporcionando la "Compañía de Luz y Fuerza del Centro en liquidación". Finalmente el 9 de febrero de 1994 emite un decreto por medio del cual crea "Luz y Fuerza del Centro" como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio conformado por el que tenían las Compañías de Luz en liquidación.
Es el caso que prácticamente desde su creación, la empresa ha sido subsidiada por el gobierno federal mediante transferencias y cabe destacar que según cifras oficiales, del 2001 al 2008, tales transferencias se incrementaron en más de doscientos por ciento y que para el presente ejercicio dichas transferencias serían del orden de 41,945 millones de pesos; de continuar el mismo comportamiento, se estima que podrían alcanzar un total de 300 mil millones de pesos durante la presente administración.
Ahora bien, según lo manifestó el Presidente Calderón, la mayor parte de estos recursos no se veían reflejados en la calidad del servicio sino que iban a parar en privilegios y prestaciónes onerosas. Las decisiones de la empresa, dijo, obedecían más a las necesidades del sindicato que a la eficiencia del servicio, de forma tal que el número de trabajadores crecía porque así lo exigía el Contrato Colectivo de Trabajo, sin importar el servicio
En el Decreto se indica que “el porcentaje de pérdidas totales de energía de Luz y Fuerza del Centro es excesivo y superior en casi tres veces al que presenta la Comisión Federal de Electricidad. A junio de 2009 Luz y Fuerza del Centro perdió el 30.6% de energía, en tanto que dicha Comisión perdió el 10.9%; casi ninguna empresa eléctrica en el mundo registra el porcentaje de pérdidas que presenta Luz y Fuerza del Centro”.
Tanto en el decreto mismo como en las declaraciones del Presidente de la república, a los trabajadores se les garantiza el pleno respeto a sus derechos laborales y liquidaciones iguales o mayores a las que marca la ley, más un bono a quienes de manera voluntaria acepten su indemnización y a las Secretarías del Trabajo, Hacienda y Economía las instruyó a tener programas especiales para apoyarlos y a la administradora, para que recontrate preferentemente a los trabajadores del extinto organismo, aunque, aclaró, bajo nuevas condiciones de trabajo y con un nuevo arreglo institucional.
Nada de lo anterior satisface a los trabajadores sindicalizados y tampoco a los diputados del PRD, PT y algunos del PRI, por lo cual plantean la posibilidad de promover una controversia constitucional, la cual, con el debido respeto, creo que no prosperará toda vez que es potestad exclusiva del Ejecutivo la creación y en su caso la extinción de los organismos públicos descentralizados.
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